La municipalidad de Guayaquil (Ecuador) ha anunciado la convocatoria de una marcha 'en defensa de la ciudad' para la tarde de este miércoles, tal como ha confirmado públicamente su alcaldesa Cynthia Viteri.

El anuncio tuvo lugar este martes desde el llamado Salón de la Ciudad del Palacio Municipal, ante un nutrido grupo de simpatizantes concentrados frente al edificio, que apoyaban y jaleaban la convocatoria desde las calles.

'Cada uno de nosotros debe saber que cuenta con el valor, la fuerza y el amor suficiente para defender a la ciudad', dijo la alcaldesa a los ciudadanos congregados. A continuación, refiriéndose a la manifestación del movimiento indígena que lidera las protestas contra el Ejecutivo de Lenín Moreno, dijo: 'Si ellos creen que pueden venir a nuestras tierras a quemar, a destruir, a robar, con nosotros no podrán'. 'Guayaquil no caerá bajo las manos de unos hampones', añadió. 

El Municipio, además, acordó este martes el cierre del puente de la Unidad Nacional con volquetas, para evitar el acceso de los manifestantes.

Guayaquil es el actual emplazamiento del Ejecutivo de Ecuador, después de que Lenín Moreno decidiera trasladar el lunes la sede oficial desde Quito, en medio de fuertes protestas contra su gestión. 'Me he trasladado a la ciudad de Guayaquil y he trasladado la sede de Gobierno a esta querida ciudad, de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen', declaró el mandatario al respecto.

La marcha de los indígenas

Para este mismo miércoles 9 de octubre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) ha convocado una huelga general, con una concentración en Quito, capital del país, contra el paquete de reformas laborales y tributarias anunciado por Moreno, al que sus detractores se refieren como 'el paquetazo'.

Varios grupos de indígenas, provenientes en su mayoría de las provincias de la región Sierra y Amazonía, ya han comenzado a marchar hacia la capital en respuesta a la convocatoria.

Los manifestantes reclaman al Gobierno que deje sin efecto las medidas económicas anunciadas la semana pasada, que incluyen la eliminación de un subsidio estatal que regía desde hace más de 40 años y se aplicaba a varios combustibles. Como consecuencia de esa eliminación, las gasolinas extra y ecopaís pasaron de costar 1,85 dólares a 2,39 por galón, y el diésel subió de 1,03 dólares a 2,29, lo que supone un aumento del 123 %.

Además, exigen que no sean enviadas al Parlamento las medidas anunciadas por el presidente, y denuncian que 'golpean fuertemente el costo de vida de los ecuatorianos en condiciones más vulnerables'.

El movimiento indígena considera, tal como el Gobierno lo confirmó, que este paquete ha sido impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que prestó al país más de 4.200 millones de dólares. Por ello, piden que que se revierta la carta de intención firmada con ese organismo 'de manera inconsulta'.

La criminalización de la protesta 

Las palabras con las que la alcaldesa Viteri argumentó la necesidad de 'defender la ciudad de Guayaquil', acusando a los manifestantes indígenas de acudir a su municipio 'a quemar, a destruir y a robar', están el línea con la óptica transmitida desde el Ejecutivo de Lenín Moreno. 

Manifestantes dentro del edificio de la Asamblea Nacional, en Quito, <strong><a href=Ecuador. 8 de octubre de 2019.' />Movimiento indígena de Ecuador en huelga general contra el 'paquetazo' de Lenín Moreno

Patiendo de algunos incidentes violentos, de los cuales se ha desmarcado explícitamente el movimiento de pueblos originarios, el Gobierno ecuatoriano se ha centrado únicamente en resaltar esos focos de violencia.

Así, este mismo martes, desde Guayaquil, Moreno y los titulares de la Contraloría, Procuraduría, Consejo Nacional Electoral (CNE), Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) emitieron un comunicado conjunto para afirmar que las protestas son parte de una serie de 'acciones conspirativas', que 'pretenden instaurar un ambiente de caos', mediante 'ataques violentos contra personas e instituciones, destrucción de bienes públicos y privados, y toma de edificios e instalaciones estatales'.

Entretanto, en el país suramericano rige un estado de excepción, sobre el que varias entidades internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado preocupación.

Fuente: Actualidad RT >> lea el artículo original